Validez legal en la República de Panamá

De acuerdo con las regulaciones panameñas la Ley 51 de 22 de julio de 2008, la cual regula el comercio electrónico y que establece en su Título II, la validez de todos aquellos documentos y transacciones que se realicen a través de un medio digital seguro e inmutable; y la Ley 82 de 9 de noviembre de 2012 en materia de firma electrónica que modifica la Ley 51, en su Capítulo II, adicionando las Reglas de Comunicación Electrónica, entre ellas:

  • Artículo 7-A: Formación y validez electrónica
  • Artículo 7-B: Reconocimiento por las partes de los mensajes de datos.
  • Artículo 7-C: Mensajes de datos o documentos electrónicos duplicados.
  • Entre otras.

Asimismo, el Artículo 14 de esta misma ley, el cual modifica el Artículo 8 de la Ley 51 queda así:

“Artículo 8: Valor legal de la firma electrónica.

Cuando la ley exija la firma de una persona o establezca consecuencias por la ausencia de la firma de esa persona, dicho requerimiento de firma quedará satisfecha con un mensaje de datos si:

1. Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos para indicar que el contenido cuenta con su aprobación.

2. El método es confiable y apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.
Los anteriores requisitos se darán por satisfechos cuando ambos estén presentes, pero se presumirán de pleno derecho en el caso de que se esté en presencia de una firma electrónica calificada y por tanto en la emisión intervenga un prestador de servicios de certificación autorizado por la Dirección Nacional de firma electrónica.

Con los fundamentos legales en la República de Panamá, se garantiza que toda transacción entre particulares ocurridas en nuestras soluciones tecnológicas, en la que se manifieste la intención la intención y el consentimiento, tengan validez legal entre ambos y ante terceros.

Por otra parte, es importante señalar que algunas transacciones que bajo leyes panameñas, requieren formalidades notariales o de levantamiento de escritura pública, conocer que hay soluciones no aptas para sustituir tales requerimientos.

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